JUICIO POLITICO:

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Definición:

"Es un procedimiento político-judicial para hacer efectiva la responsabilidad de los gobernantes en el sistema republicano de gobierno. Sus antecedentes se remontan al año de 1641, cuando en Inglaterra el parlamento sometió a juicio y condenó y ejecutó a Thomas W. Stranfford, el ministro del rey. Este procedimiento, que desde entonces se denominó impeachment, se incorporó a las normas y costumbres constitucionales inglesas y formó parte de la larga lucha por la supremacía política entre el Parlamento y La Corona. Su plasmación jurídica se dio con la Constitución Norteamericana de 1787. Como ocurrió con las principales instituciones políticas -el Estado de derecho, la división de poderes, el hábeas corpus, el sistema legislativo bicameral, la facultad de veto del jefe del estado, los partidos políticos- el origen histórico del juicio político fue inglesa, su lucubración teórica francesa y su aplicación práctica norteamericana.

El impeachment reglado por la Constitución Norteamericana de 1787 se erigió en modelo de juicio político para los demás países. Fue consagrado en su artículo 2, sección cuarta, que dice que " el Presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos podrán ser destituidos de sus cargos si se les acusare y hallare culpables de tradición, cohecho u otros delitos y faltas graves ".

El proceso debe originarse en la Cámara de Representantes, llamada a cumplir el papel de acusadora. Corresponde al Senado actuar como Tribunal de Justicia y, cuando el juzgamiento se haga al Presidente de la República, será presidido por el Presidente del Tribunal Supremo de justicia. La declaración de culpabilidad se tomará por los votos que representen los dos tercios del número de senadores presentes. Las penas imputables son la destitución del cargo, que puede ir acompañada de la inhabilitación para ocupar cargos de honor, de confianza o de provecho en el gobierno de los Estados Unidos.

Sin menoscabo de esas sanciones, que corresponden a su responsabilidad política, el funcionario culpable quedará sujeto al enjuiciamiento, condena y castigo por los tribunales ordinarios de justicia por los delitos comunes que hubiere cometido con ocasión del ejercicio del mando.

En la teoría constitucional se conoce con el nombre de desafuero al acto del Congreso por el cual, después de juzgar la conducta oficial de un funcionario, lo pone a disposición de los tribunales de justicia para el juzgamiento de su responsabilidad penal por los delitos que hubiere cometido con ocasión o por consecuencia del ejercicio de su cargo.

El desafuero se ha instituido para preservar la división, equilibrio e independencia de los poderes del Estado. Sin la previa autorización del Congreso no puede la función judicial encausar penalmente a los principales personeros del Poder Ejecutivo ni a los Legisladores. La razón de ser del desafuero es impedir que, por medio del arbitrio del enjuiciamiento, la función judicial someta a los otros poderes. En consecuencia, compete primero al Parlamento conocer las acusaciones contra los referidos funcionarios y autorizar, si ellas tuvieren fundamento, la iniciación de la causa judicial. Por seguridad se exige la voluntad de dos de los tres poderes para poder someter a juicio penal al presidente, vicepresidente, legisladores y ciertos altos funcionarios de la administración pública.

El juicio político obedece a las formalidades y trámites diferentes entre los países, pero el derecho constitucional comparado demuestra que, por lo general, hay algunos rasgos comunes. En los sistemas bicamerales la acusación se procesa en la Cámara de Diputados. Cuando ella encuentra que hay fundamento jurídico suficiente, delega a una comisión de sus miembros para que formule la acusación y abre así el procedimiento. El funcionario acusado ejerce, por sí o por medio de sus abogados, su derecho de defensa. Después de escuchar a las partes, la cámara del Senado (presidida por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia si el acusado es el jefe del Estado), constituida como tribunal, abre la cuestión a la deliberación de sus miembros y toma luego una decisión que, si es condenatoria, requiere el voto de una mayoría especial del número de senadores que la integran o del número de senadores concurrentes. Las penas imputables son la destitución del cargo, la inhabilitación temporal para el ejercicio de funciones públicas, sin perjuicio de poner al funcionario a disposición de los jueces ordinarios para establecer las responsabilidades penales a que hubiere lugar".

Juicio Político (Definición tomada de la Enciclopedia de la Política de Rodrigo Borja, México FCE, 1997)

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